Advierten ‘mico’ que favorecería a contratistas y evitaría que indemnicen por sus actos corruptos

Poco tiempo pasó desde el celebrado anuncio en el que se determinó la eliminación del beneficio de casa por cárcel a políticos condenados por corrupción, para que empezaran las revisiones minuciosas a lo acordado y encontrar irregularidades que no combatirán la impunidad como se anunció y se vitoreó hace pocas horas.

Esto se debe a las denuncias de un supuesto ‘mico’ en la Ley Anticorrupción, el cual mediante un parágrafo inmerso en la ley, deja abierta la posibilidad de que los contratistas involucrados en escándalos de corrupción por adjudicaciones de contratos viciados no tengan que indemnizar ni responder por los daños y perjuicios que se hayan realizado durante la ejecución del contrato.

Así lo advirtió el senador por Cambio Radical, Rodrigo Lara, quien fue el primero en advertir sobre el ‘mico’ que estaría siendo aprobado dentro de la Ley Anticorrupción, y que desde su criterio serviría para gestar una red de corrupción entre contratistas. Lara se basa en un parágrafo adjunto a la ley en la que niega la posibilidad de caducidad de un contrato por actos de corrupción.

De manera contigua, el Senador publicó otro trino en el que aparece el texto al que hace mención de forma subrayada, en el cual se puede leer claramente: “Cuando administrativamente se haya sancionado por actos de corrupción a un contratista, no procederá la renuncia del contrato a la que se refiere artículo. La entidad estatal ordenará mediante acto administrativo motivado la cesión unilateral sin lugar a indemnización alguna al contratista inhábil”.

Asi mismo, el congresista permaneció activo en Twitter, compartiendo las reacciones de algunos de sus colegas y de ciudadanos que se manifestaron por su denuncia, generando más eco del ‘mico’ que se esperaba aprobar. Además, el senador Lara compartió un video en el que, desde el Congreso de la República, explicó la forma en la que ese parágrafo sería aplicado, advirtiendo la gravedad y la posibilidad de generar mayor corrupción estatal a base de la impunidad latente que gozaría cualquier contratista involucrado en corrupción.

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