Ante la JEP el exsenador Musa Besaile reconoció nexos con ‘paras’ y habló de la corrupción en Córdoba

El exsenador Musa Besaile Fayad, quien declara ante la Jurisdicción Especial para la Paz en el marco del proceso adelantado en su contra por supuestos nexos con grupos paramilitares, reconoció haber apoyado las intenciones de estos grupos al margen de la ley en el Congreso de la República.

Besaile señaló que, entre el 2001 y 2002, se dieron tres encuentros con el entonces comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con la intención de recibir el apoyo a su campaña con aspiraciones a la Cámara de Representantes. Asimismo, el excongresista cordobés aseguró que dicho aval estaba condicionado con no interferir en las propuestas legislativas de interés paramilitar que se tramitaran en el Congreso.

Una vez elegido, Musa Besaile cumplió su parte del trato y no hizo acto de presencia durante las votaciones de la Ley 783 de 2002, la cual fijaba el marco jurídico de las negociaciones con los paramilitares; así como se ausentó durante las votaciones para la Ley 975 de 2006, conocida como Justicia y Paz, y la Ley 1424 de 2010 que fijaba beneficios políticos para los desmovilizados que hicieran contribuciones a la verdad.

De igual manera, Besaile afirmó que durante las elecciones adelantadas en el 2003, Salvatore Mancuso, excomandante del grupo paramilitar, apoyó a Juan Carlos Aldana y Libardo López Cabrales en su campaña con aspiraciones a la Gobernación de Córdoba; a cambio de esto, Mancuso habría recibido puestos tanto en la Gobernación como en el Congreso para sus cercanos.

Es necesario resaltar que en mayo de 2018, por decisión de la Corte Suprema de Justicia, al exsenador le impuesta una medida de aseguramiento en centro carcelario por el cargo de concierto para delinquir agravado. En el marco de este proceso ante el alto tribunal, según reconoció Besaile, el mismo exdirigente le habría ordenado a su abogado, Alejandro Lyons Muskus, hacer contacto con los excabecillas paramilitares con la intención de ofrecerles dinero a cambio de no declarar en su contra.

Por otra parte, en un comunicado, la Jurisdicción Especial afirmó que el exsenador oriundo de Sahagún (Córdoba) debe continuar brindado información y que “De faltar a la verdad conllevaría a la apertura de investigaciones y/o procesos penales en la justicia ordinaria y, además, la posibilidad de perder el sometimiento y otros beneficios en la Jurisdicción Especial para la Paz”.

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