Armas traumáticas en Colombia: más letales que legales

Editorial Colombiano Indignado por Juan Romero: Han generado preocupación fotos y videos que, en el fragor de las protestas del paro nacional, muestran a civiles armados disparando, muy cerca de agentes de policía, contra manifestantes. La mayor parte de estos hechos fueron registrados en Cali, específicamente en el sector de Ciudad Jardín donde, a pocos días de haber comenzado el paro, habitantes de la zona salieron armados y en camionetas para disparar contra integrantes de la minga indígena. El episodio se repitió este fin de semana, cuando fue captado por cámaras el ciudadano Andrés Escobar, quien, además de pronunciarse sobre lo ocurrido, dijo que el arma que tenía era de fogueo.

Y sobre este tipo de armas es que se está gestando un nuevo debate jurídico y social, pues, aunque son completamente legales y pueden comprarse con relativa facilidad en establecimientos comerciales, no dejan de representar un peligro para la comunidad y un nuevo reto para las autoridades que, a simple vista, no pueden identificar el tipo de arma manipulada por civiles en escenarios de violencia.

Colombiano Indignado habló con Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, quien explicó que, a nivel macro, hay cuatro grandes categorías para diferenciar las armas: las de guerra (fusiles, lanzagranadas, bazucas); armas cortas (revólveres y pistolas); traumáticas o de fogueo (cuya munición está catalogada como no letal); y armas artesanales.

Un reciente informe de Noticias Caracol dejó al descubierto que, pese a ser completamente legales, las armas traumáticas están siendo adquiridas con el fin de ser modificadas y convertidas en armas de letalidad superior. Expertos en balística de la Policía Nacional expusieron que, en fábricas ilegales, las armas de fogueo están siendo sometidas a procesos de adaptación en la parte del cañón y el alojamiento del proveedor para convertirse en instrumentos de guerra que se hacen pasar por armas de fogueo.

Dicho proceso parece generarles más ingresos a los delincuentes que el tráfico de armas convencionales. Una pista para ello la aportan las crecientes cifras de importaciones de armas de naturaleza traumática en el país. Se sabe, según cifras oficiales, que en 2020 entraron al país 216.082 armas traumáticas, la mayoría provenientes de Turquía.

Y las cifras de la Policía Nacional no se quedan atrás, pues, en lo que va corrido del año, han sido incautadas 4.371 armas no letales por conductas contra la convivencia. De ese total, 495 de esas armas fueron incautadas en el marco del paro nacional.

“Ese tipo de armas son usadas, en realidad, para asustar. Dentro de sus funciones está la de disuadir, por ejemplo. Ahora bien, una pistola o un revolver convencionales no bajan de cuatro o cinco millones de pesos. Un arma traumática puede conseguirse por menos de un millón, pues no tienen ningún tipo de reglamentación. En la ciudad de Bogotá hay muchos armeros, quienes se encargan de trabajar en las modificaciones de las armas de fogueo, convirtiéndolas en letales. Es mucho más barato comprar un arma traumática y llevarla donde un armero para que la deje funcionando como un instrumento letal”, dijo Rosanía.

A raíz de la problemática, Rafael Guarín, consejero presidencial para la Seguridad Nacional, le propuso al Ministerio de Defensa prohibir la venta y libre circulación de estos artefactos, de acuerdo con el artículo 5 del decreto ley 2535 de 1993. El funcionario ha sido enfático también en que todo el monopolio armamentístico debe recaer sobre las fuerzas del orden y explicó las razones por las cuales las armas traumáticas pueden llegar a ser igual de letales que las tradicionales, partiendo del principio de que “el funcionamiento físico y químico de ambas emplean el mismo principio, el cual consta de la combustión de una sustancia química para expulsar el proyectil”.

La propuesta de Guarín no fue bien recibida por los sectores más radicales del Centro Democrático, desde donde voces como la de la senadora María Fernanda Cabal piden desarmar únicamente a personas que no cuenten con documentos que certifiquen la capacidad de portar un arma de ese tipo.

“Preocúpese por desarmar a los ilegales. No a los legales que responden por sus actos”, fue la respuesta de la parlamentaria, quien ha insistido en eliminar la figura especial del porte de armas mediante un proyecto de ley radicado junto al representante Christian Garcés. Ha sido enfática en que, de 400.000 ciudadanos que portan armas, solo el 5 % puede hacer uso del salvoconducto, por lo que busca que los propietarios de estos elementos puedan hacer uso de sus bienes de forma defensiva.

Pero mientras algunos miembros del Centro Democrático insisten en la legalización del porte de armas, hasta la misma Policía Nacional propone revisar con mayor contundencia todo lo referente al uso de instrumentos bélicos por parte de civiles, especialmente luego de descubrir que las armas traumáticas son adaptadas para usarse con fines letales.

“Las últimas capturas realizadas, las 25 personas capturadas en varias ciudades así lo demuestran: la transformación de elementos al interior de esas armas que las convierten en elementos letales y en armas de fuego. Se requiere con urgencia la transformación de esa medida en un elemento vigente hoy para que las personas sean judicializadas con mayor contundencia”, expuso en su momento Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional.

¿Quieres dar tu opinión sobre este artículo?

Twitter
Noticias por e-mail

Ingrese su dirección de correo electrónico para suscribirse al portal y recibir notificaciones de nuevas publicaciones en su bandeja de entrada.