Cancillería defiende decisión de pedir extradición de Aída Merlano a Guaidó, descartando a Maduro

Pese a los comentarios negativos y a la evidente inoperancia del autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, la canciller Claudia Blum defendió la postura tomada por parte del gobierno de Iván Duque de acudir al que consideran el gobierno legítimo del vecino país y no buscar la colaboración con el régimen chavista de Nicolás Maduro.

Las palabras de la canciller han sido interpretadas como un cierre definitivo a cualquier posibilidad de comunicación entre ambos gobiernos para poder darse la entrega de la exparlamentaria, quien fue recapturada hace un par de días por las autoridades del vecino país en Maracaibo.

Según declaraciones que Blum entregó al diario El Tiempo, las posibilidades de tramitar la extradición de la exparlamentaria con el gobierno de Nicolás Maduro son nulas, lo cual convierte el episodio de corrupción y fuga protagonizado por Merlano no solo en un tema de justicia nacional, sino que ha escalado al punto de empeorar las casi inexistentes relaciones entre los dos países.

El diálogo mantenido entre la canciller y El Tiempo muestran la insistencia por parte del gobierno nacional en mantener su decisión de acudir a Juan Guaidó, sin importar que este mediante una carta hizo saber que no cuenta con las facultades para poder entregar a Merlano a las instituciones colombianas, tanto así que su mensaje se limitó a pedir la colaboración de Interpol para ejercer presiones en el oficialismo venezolano.

Sin embargo, Blum insiste que desde el gobierno se tiene plena confianza de la decisión, pues Guaidó ha sido reconocido como el presidente legítimo de Venezuela por más de 50 países en el mundo, y que cualquier acto por parte de Maduro que impida la extradición sería una prueba más de la ilegitimidad del régimen chavista.

“A pesar de la usurpación institucional que ejerce el régimen de Maduro, Guaidó cuenta con instancias decisorias legítimas juramentadas ante la Asamblea Nacional que preside que podrían intervenir, y tiene un respaldo internacional sólido que debería generar presión para que se respeten las obligaciones internacionales de lucha contra la impunidad”, comentó la canciller, manteniendo la línea del Ministerio de Justicia y del propio Presidente de la República.

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