Con decreto contra la dosis “vuelve en la Policía bajo mundo de los pagos bajo cuerda”

Frente al contexto de los resultados de la primera semana que se puso en marcha el decreto 1844 que establece el piso jurídico para decomisar la dosis mínima y judicializar a las personas que porten una mayor cantidad, varios columnistas de los medios más importantes del país han sido críticos con el efecto de esta medida.

Entre los que se destacan se encuentra Rodrigo Uprimmy, profesor de la Universidad Nacional, en su columna publicada en El Espectador establece dos afirmaciones: la primera hace referencia al trato generalizado del consumidor como “adictos problemáticos” a los que hay tratar con represión; y la segunda, creer que la represión es la mejor forma de controlar el consumo de drogas.

“El decreto sufre una sobredosis… de insensatez, pues reproduce algunos de los más arraigados errores y prejuicios de la política frente a las drogas de las últimas décadas”, comentó el profesor.

Por su parte, la columnista de la revista Semana, María Jimena Durzán, aseguró que con la medida la policía solo se enfocará a hacer retenes a aquellas personas que por sus características físicas levanten sospechas, ocasionando distraer a la Institución de problemas más importantes de seguridad. Así mismo señaló de populismo innecesario y anacrónico el decreto.

“Desde que el decreto entró en vigencia la semana pasada, volvieron las redadas de la Policía, los retenes y con ellos el bajo mundo corrupto de los pagos bajo cuerda”, recordó Duzán.

Otra opinión crítica es la de Lola Salcedo en su columna dominical, quien se enfoca en el uso de la marihuana en los adultos en situación de enfermedades como cáncer y otras, los cuales a través del cannabidiol han podido sobrellevar los efectos de la enfermedad.

En ese sentido, cuestiona el castigo injusto que recaería en esta población. También aseguró que el argumento de la “protección a los menores” con esta medida no tiene cabida, puesto que el consumo de marihuana dentro de las instituciones educativas conllevaría a una obvia captura que por sentido común no se va presentar.

Los puntos expuestos por los tres líderes de opinión confluyen en que poner en marcha el decreto es haber retrocedido en el tiempo e impulsar actos de arbitrariedad sobre la sociedad. Fuentes consultadas: revista Semana, ElEspectador y ElHeraldo.

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