Cuerpos encontrados en zona cercana a Hidroituango tenían heridas de proyectiles

El megaproyecto Hidroituango sigue rodeado de distintos interrogantes relacionados con la forma en que se consiguió el territorio y cómo se intervino para poder iniciarse la polémica construcción. El hallazgo de varios cuerpos en la zona, y posteriormente llevados al cementerio de Orobajo, dio pie a los investigadores de analizar la posibilidad de la influencia de los grupos criminales para desplazar a los habitantes de aquel lugar.

De esa manera, el Laboratorio de Osteología Antropológica Forense de la Universidad de Antioquia habría comprado por lo menos 3 de los cuerpos exhumados, llegando a la conclusión de que, hasta el momento, estos fueron muertos por disparos en el cráneo, lo cual difiere de la versión entregada por Empresas Públicas de Medellín (EPM) de que los cadáveres no tendrían relación alguna con el conflicto armado.

Gracias a ese hallazgo, la investigación ha tomado un nuevo giro tras llamar la atención de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la cual decidió enviar a la Unidad de Búsqueda de Personas en condición de Desaparecidas para que se dé inicio al proceso de identificación y determinar qué actores armados participaron en los crímenes cercanos a Hidroituango.

La relación entre el hallazgo de los cuerpos y EPM se debe a que en 2017 los cuerpos hallados en la actual zona de la represa eléctrica fueron exhumados por orden expresa de la empresa de servicios públicos, los cuales afirmaron que los cuerpos no tienen vínculo alguno con actores del conflicto y que por lo tanto no estaba dentro de sus competencias intervenir en el hecho; versión que pierde credibilidad luego de los resultados mostrados por la UIA.

La notoria irregularidad en el proceso llamó la atención de la JEP, la cual explicó lo preocupante de la situación al no entenderse cómo los cuerpos fueron a parar hasta ese lugar, teniendo en cuenta los evidentes signos de violencia que presentaban, y que por ello debían ser manejados por un proceso de exhumación y reconocimiento totalmente diferente al que se les brindó, teniendo en cuenta que daban fuertes señales de que fueron ejecuciones realizadas por grupos criminales.

“Ante la posible inobservancia de la ley y los protocolos relacionados con las tareas adelantadas, tanto durante el proceso de exhumación, como de conservación de los cuerpos, lo que podrían derivar en serias afectaciones a los derechos de las víctimas”, manifestó el mecanismo de justicia transicional.

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