De cuatro a seis años de cárcel sería la condena contra empresarios vinculados con Odebrecht

Con el año nuevo cada vez más cerca, el 2019 persiste en entregar noticias que indignan a la ciudadanía. Se trataría de un preacuerdo firmado por la Fiscalía que buscaría condenar a varios empresarios vinculados al caso Odebrecht por el modesto periodo de tiempo de cuatro a seis años de prisión. La decisión estaría a cargo de un juez especializado de Bogotá, el cual tendrá bajo su poder el determinar si el preacuerdo es aplicable o no.

Los beneficiados de que esa decisión se dé o no serían los empresarios Gabriel Dumar, Federico Gaviria y Gustavo Torres, quienes han permanecido bajo investigación por la Fiscalía por su presunta participación en el escándalo de la multinacional brasileña Odebrecht, salido a la luz en 2016.

Según una reciente publicación del medio radial La FM, el preacuerdo existente entre los empresarios vinculados y la Fiscalía tendría varias condiciones, entre ellas la aceptación de los cargos por parte de los imputados, además de su compromiso en colaborar con las autoridades encargadas de las investigaciones sobre las personas involucradas en los sobornos.

Las condiciones de la negociación varía para cada uno de los implicados; por ejemplo, a Gabriel Dumar se le habría fijado una pena de 54 meses de prisión (cuatro años) además del pago de 215 millones de pesos y la realización de un acto de perdón público ante la sociedad colombiana por los daños generados por sus actos corruptos.

De la misma manera, lo acordado con el empresario Gustavo Torres estableció que este deberá pagar una pena de 51 meses de prisión, además del pago más elevado entre los tres empresarios, una suma de 1.962 millones de pesos.

En el caso de Federico Gaviria, este pagaría 78 meses de prisión (seis años) además de convertirse en testigo clave para la Fiscalía en las distintas pesquisas que adelanta respecto al pago de sobornos.

Además, el empresario deberá pagar una suma de 83 salarios mínimos legales vigentes como reparación a los daños y perjuicios presentados por sus acciones. Su defensa también buscaría que su defendido pueda permanecer detenido en una guarnición militar, por cuestiones de seguridad.
Ante la posibilidad de darse dicho acuerdo, la Procuraduría ha manifestado de manera pública su oposición ante la decisión tomada, argumentando que el preacuerdo no evalúa de manera correcta las penas a imponer.

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