Declaran muerte política a Aída Merlano gracias a descomunal gasto de campaña

Como conclusión del sonado caso de la excongresista Aída Merlano, el Consejo de Estado determinó su muerte política por haber violado los topes monetarios establecidos para el desarrollo de su campaña legislativa.

El organismo actuó con base en los allanamientos ejecutados por la Fiscalía a la ‘Casa Blanca’ en Barranquilla, que funcionaba como centro de operaciones de la entonces candidata al Senado.

Si bien Merlano nunca presentó las cuentas de su campaña para el Congreso, al Consejo de Estado le bastó para determinar el exceso en los topes con los registros realizados a la sede de la excandidata, donde se descubrieron las actuaciones irregulares por su parte entre las que se incluían la compra de votos, constreñimiento al sufragante, porte ilegal de armas de fuego, municiones, entre otros.

Además del proceso judicial en su contra llevado a cabo por la Fiscalía, Merlano también fue penalizada con la muerte política al determinarse que, efectivamente, existió la violación a los topes de campaña por el desembolso de alrededor de $6.000 millones, que habrían sido en gran parte usados para la compra de votos.

Así entonces el órgano judicial dictó la pérdida de investidura para la conservadora, argumentando que ella tenía conocimiento y estaba al tanto de las operaciones ilegales que ocurrían en la ‘Casa Blanca’, lo que sería suficiente para tomar la decisión.

Para el Consejo de Estado queda claro que Aída sabía sobre las operaciones monetarias dentro de su campaña para el Congreso 2018 – 2022, donde se desembolsaron al rededor de 6000 mil millones de pesos, según los documentos encontrados. Además reprochan que sin justificación la entonces candidata haya omitido presentar informes sobre los ingresos y gastos de la campaña, esto último certificado por el Consejo Nacional Electoral.

Igualmente la firma Jahy MacGregor S.A.S, la cual se encargó de las cuentas de las campañas del partido Conservador, informaron que nunca recibieron los registros de ingresos de Merlano, a pesar de haberlos pedido en múltiples ocasiones.

“Tal comportamiento, reprochable desde todo punto de vista, atenta gravemente contra los principios de igualdad, transparencia y pluralismo político que deben caracterizar toda contienda electoral”, expresó el Consejo de Estado sobre la situación. Fuente consultada: revista Semana.

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