El País saca pruebas de que general Martínez dirigió brigadas enredadas en falsos positivos

Según una investigación revelada por el diario El País, el comandante en jefe del Ejército, Nicacio Martínez Espinel, estuvo presuntamente al mando de una brigada que ha sido acusada por la Fiscalía de haber llevado a cabo numerosos falsos positivos, una masacre indígena y un caso de violencia sexual.

Martínez estuvo al mando de dicha brigada entre octubre de 2004 y enero de 2006. La información del ente investigador señalaría que se cometieron alrededor de 283 presuntos falsos positivos en los departamentos de La Guajira y Cesar, de los cuales 23 casos específicos se dieron durante la etapa que este estuvo al mando.

Algunos de los casos mencionados incluso ya tienen sentencia dictada. Sería la Décima Brigada Blindada de la cual estuvo a cargo Martínez y resultó señalada, según un informe de la Fiscalía cuando Eduardo Montealegre estaba al frente de la misma, de estar en “uno de los primeros lugares en el ranking de presuntas ejecuciones extrajudiciales”, indica El País.

La casos en referencia tienen origen el día 21 de febrero de 2005 cuando, de acuerdo a una sentencia condenatoria, los soldados del batallón La Popa colaboraron con paramilitares en dos homicidios; de similar forma se presentan más casos como el sucedido en el Cesar el 12 de mayo del mismo año, día en que fue asesinada una persona protegida identificada como Dagoberto Cruz Cuadrados, y fue presentado como baja en combate.

De esta forma son varios los casos que se endilgan durante estos periodos a militares de La Popa, incluyendo homicidios a menores de edad con discapacidad mental, siempre manteniendo la modalidad de presentarlos como bajas en combate de supuestos guerrilleros, dice el medio de España.

Al detallar toda esta situación, El País recuerda que justamente Martínez Espinel ha sido uno de los militares más cuestionados desde que inició el escándalo sobre los falsos positivos por una publicación del New York Times. El comandante durante este tiempo no ha hecho más que asegurar que en su contra no pesan ni condenas ni investigaciones que lo involucren en esta situación.

Todo esto ha generado una fuerte polémica, ya que en el Congreso actualmente cursan los posibles asensos a los que podrían hacerse acreedores varios militares fuertemente cuestionados por supuestos vínculos con casos de falsos positivos, entre ellos el propio Nicacio.

No obstante, el diario muestra documentos en los que se expone que para agosto de 2005 Martínez firmó órdenes con recompensas de 1 millón de pesos por información que se les brindó para un operativo que, según el diario, “arrojó excelentes resultados operacionales y proceder así contra supuestos guerrilleros”.

“También suscribió la orden de entrega el entonces teniente coronel a cargo del batallón La Popa, que hoy es jefe de Estado Mayor de Planeación y Políticas. Tras obtener esa información, fueron ‘dados de baja’ dos supuestos miembros de las FARC y otro fue capturado. Los documentos del caso señalan que ‘existen serias dudas sobre si los hechos materia de investigación se generaron con ocasión del servicio activo’ de los militares involucrados”, expone El País.

De esta forma se relacionan más casos que generan fuertes sospechas sobre el papel de Martínez para dichas épocas, destacándose también las acciones criminales llevadas a cabo presuntamente por soldados de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal en contra de “los indígenas Javier Pushaina, Luis Ángel Fince Ipuana y a Gaspar Cambar Ramírez; hirieron a Gustavo Palmar Pushaina y Moisés Pushaina Pushaina; y agredieron física y sexualmente a Irene López Pushaina y a Ligia Cambar Ramírez”, caso que actualmente cursa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fuente consultada: El País de España.

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