El proyecto con el que el uribismo podría afectar el aborto, la eutanasia y el matrimonio igualitario

Se trata de un proyecto de ley que viene impulsando la senadora María del Rosario Guerra desde el mes de julio, y que no había representado gran polémica entre partidos políticos teniendo en cuenta que este anuncia como objetivo “desarrollar el derecho fundamental de objeción de conciencia”, figura existente en varias constituciones en el mundo, y que se encuentra de forma implícita en el artículo 18 de la Constitución; pero recientemente se empezó a hablar de una “extensión” que podría llegar a afectar a sectores como la comunidad LGBTI.

Cabe resaltar que la objeción de conciencia, tomada de la forma existe en otras naciones, hace referencia al momento en que una persona se niega a acatar una ley, ya que la misma ataca o contradice sus principios morales o religiosos; como principal ejemplo se encuentra la objeción de conciencia al servicio militar, donde la persona puede negarse a la obligación de la ley basándose en los lineamientos de su consciencia.

Pero ¿qué tiene que ver la objeción de conciencia con la comunidad LGBTI?, Es ahí donde entra en debate la extensión propuesta por la Senadora del Centro Democrático, la cual pretende ampliar el derecho de objeción de conciencia, no solo a las personas naturales, sino también a las personas jurídicas, lo que podría terminar en la potestad por parte de instituciones que podrían acudir a esta figura para negar sus servicios.

Para poner en contexto hay que tener en cuenta que cualquier empleado o servidor público tendría el derecho de acudir a esta figura para negarse a la realización de determinados procesos, o atender a determinado grupo de personas; de este modo, en una vista hipotética, un hospital podría negarse a la práctica de un aborto o una eutanasia, a pesar que hayan causales constitucionales que lo permitan.

Uno de los sectores que se podría verse más afectado con esta propuesta es la comunidad LGBTI, entendiendo que cualquier persona que trabaje como servidor público podría negarse a dar sus servicio, recurriendo a la objeción de conciencia, por ejemplo en notarías donde puede simplemente no prestarse para ofrecer servicios de uniones civiles a parejas del mismo sexo, entre otros.

Esta grave situación aparece de forma directa en la propuesta presentada, en donde se menciona como, “cualquier servidor público o particular que ejerza funciones públicas podrá objetar conciencia y abstenerse de conocer, tramitar o participar en actuación concreta y ocasional que se le presente en el ejercicio sus funciones y que no se corresponda con las funciones esenciales o propias del cargo”.

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