En 8 departamentos en el país se estarían robando mercados dirigidos a sectores vulnerables: Procuraduría

Tristemente, la crisis de salud generado por el Covid-19 ha pasado a un segundo plano en los últimos días producto de la corrupción presentada en el país, aprovechando la coyuntura nacional para el desvío de recursos, que en caso de confirmarse serían uno de los escándalos de corrupción más graves en los últimos años.

La más reciente denuncia fue presentada por la Procuraduría General de la Nación, quien actualmente se encuentra investigando posibles sobrecostos en las compras de alimentos para familias pobres por la emergencia del COVID-19, junto a otro tipo de irregularidades referente a los recursos destinados para sectores más vulnerables durante la crisis de salud.

“Hoy estamos abriendo 10 procesos en 8 departamentos frente a los presuntos abusos que se estarían cometiendo a nivel de sobrecostos y eso hay que pararlo y habrá sanciones”, afirmó el procurador general, Fernando Carrillo, por medio de un comunicado oficial donde confirmó la fuerte acusación.

Entre las declaraciones entregadas por el jefe del Ministerio Público, se advierte que además de los sobrecostos denunciados, varios mandatarios locales estarían utilizando los recursos destinados para ayudas a distintas poblaciones vulnerables de cada lugar para ser implementadas en política.

Ante las alarmantes denuncias que, además de poner en riesgo la vida de las poblaciones vulnerables, estarían favoreciendo a que se viole la cuarentena; motivo por el cual la Procuraduría ha presentado en su investigación los 8 departamentos del país en donde se estarían presentando ese tipo de irregularidades:

  • Cesar: presuntos sobreprecios de más del 50 % en 29 contratos, que no están publicados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP). Dichos contratos ascienden a más de 13.000 millones de pesos para la compra de 100.000 mercados.

  • Meta: contratación de los municipios de Acacias por 1.125 millones y Puerto Gaitán por 1.000 millones, según publicó Revista Semana.

  • Atlántico: contrato con Trading Group International S.A.S., por al rededor de 20.000 millones. También se investiga las compras de mercados en los municipios de Soledad, 2.100 millones, y Malambo por  4.000 millones.

  • Arauca: irregularidades en el valor pagado por productos de la canasta familiar, tales como el atún que llegó a fijarse en 19.000 pesos, presentando precios 4 veces por encima a su valor real,figurando en un contrato que va por encima de los 4.000 millones de pesos.

  • Cundinamarca: presuntos sobrecostos en la compra de mercados por parte de las administraciones municipales de  La Palma y Guaduas.

  • Norte de Santander: existencia de un contrato por 58 millones de pesos entre la alcaldía de Cúcuta, para la edición de una pieza digital con la historia del Hospital Erasmo Meoz, siendo más relevante el uso de recursos para implementos médicos.

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