Estado colombiano será juzgado por Corte IDH por desaparición tras Operación Orión en 2002

El caso de Arles Edisson Guzmán Medina, desaparecido en Medellín el 30 de noviembre de 2002, fue presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se establezca un juicio contra el Estado colombiano por su presunta relación con grupos paramilitares.

“El control de la zona por grupos paramilitares en ese año fue posible justamente por medio de la ejecución de la Operación Orión, ocurrida a finales de octubre de 2002, semanas antes de la desaparición de la víctima. En el marco de dicho operativo se perpetraron graves violaciones de derechos humanos. La operación fue una clara muestra de las relaciones existentes entre grupos paramilitares y el Ejército nacional”, apunta el documento.

Se argumenta que Guzmán fue sacado a la fuerza de un restaurante por dos personas identificadas como paramilitares. Según la versión presentada por la CIDH, los sujetos llevarían al hombre a donde un comandante para ser interrogado.

“Existe una serie de indicios que comprueban que los grupos paramilitares operaban con el consentimiento de agentes estatales, tales como el vínculo ya acreditado por la CIDH y la Corte IDH entre grupos paramilitares y miembros de la fuerza pública en Colombia”, agrega el organismo internacional.

Otro punto en contra del Estado es que no hay constancia de que se haya intentado proporcionar una respuesta clara y concluyente sobre el paradero de Guzmán.

“La comisión concluyó que el Estado violó el derecho a la personalidad jurídica, la vida, la integridad y la libertad personales reconocidos por la Convención Americana”, expone la CIDH al respecto.

Argumentan también que la investigación se cerró en 2004 sin haber agotado todas las alternativas, lo que no es consecuente con los protocolos establecidos internacionalmente con casos de desaparición forzada.

“Hasta la fecha transcurrieron casi 17 años, y las diligencias promovidas para juzgar a todos los responsables y determinar el paradero de la víctima son escasas”, apuntan. 

Hasta el momento no ha habido respuesta por parte del Gobierno ante los anuncios expuestos por la CIDH. Fuente: BluRadio.

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