Fallo de Corte IDH sobre Petro no recomendaba crear más de 1.200 cargos, como insinuó Procuradora

El aumento del volumen burocrático de la Procuraduría General de la Nación provocó una nueva discusión esta semana, con Gustavo Petro como protagonista.

Justo en la fecha de Navidad se expidió un nuevo decreto donde se detalla una reforma a la estructura del Ministerio Público; el texto demostró su eficacia al convertirse en el pase para la adición de 1.208 nuevos cargos al ente de control. En ese sentido, habría más de 11.930 millones de pesos extra en gastos de nómina. 

En los micrófonos de La Fm, emisora dirigida por Luis Carlos Vélez, la actual procuradora Margarita Cabello explicó que tales cambios “obedecen a una sentencia luego de una demanda de Gustavo Petro”.

La jefe del Ministerio Público se refería a un fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia a la que acudió Gustavo Petro cuando fue sancionado por el entonces procurador Alejandro Ordóñez, quien lo destituyó de su cargo como alcalde de Bogotá y lo inhabilitó por 15 años para ocupar cargos públicos.

La CIDH no solo falló a favor de Petro, sino que le recomendó al Estado colombiano una reforma al Código Disciplinario para que en el futuro no pudieran efectuarse destituciones contra funcionarios elegidos por medio del voto popular.

Al principio, el Estado colombiano se mostró renuente a actualizar su Código Disciplinario de acuerdo con la Convención Interamericana de la CIDH. Por tal motivo, tal entidad remitió el caso a la Corte IDH. “El Estado no informó concretamente sobre su voluntad y capacidad para cumplir con uno de los aspectos estructurales que identificó la Comisión en su informe y que tiene que ver con la adecuación interna constitucional y legal para eliminar la facultad de destituir e inhabilitar a funcionarios de elección popular en cabeza de la Procuraduría”, se expone en un documento correspondiente al 2018.

Además de todo, en 2020 la Corte IDH condenó al Estado colombiano por la destitución de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá. “La Corte ya concluyó anteriormente que una sanción de inhabilitación o destitución de un funcionario público democráticamente electo por vía de autoridad administrativa y no por ‘condena, por juez competente, en proceso penal’, es contraria a la Convención y al objeto y fin de la Convención”, señaló.

El enero de 2021, el anterior procurador, Fernando Carrillo, había dejado radicado un documento que daba cuenta de los cambios estructurales que debían hacerse al interior de la Procuraduría para atender las recomendaciones de la Corte IDH. Sin embargo, sin haberse ejecutado el proyecto, la actual procuradora, Margarita Cabello, radicó otro texto con el argumento de que la propuesta de Carrillo no cubría del todo lo exigido por el organismo internacional.

Tal proyecto fue radicado en el Congreso con mensaje de urgencia y la oposición señaló que no hubo espacio suficiente para el debate. A esa reforma -sobre la que se crearon los nuevos puestos- se refería la procuradora Cabello.

El senador y precandidato presidencial Gustavo Petro dijo a través de sus redes sociales que la procuradora estaba mintiendo pues los cambios hechos en el Ministerio Público son de carácter político.

“Esto es una verdadera falsedad de la Procuradora. La sentencia a lo que obliga es que la Procuraduría deje de quitar derechos políticos a los y las ciudadanas; en cambio lo que hizo la procuradora fue transformarla en una policía política a cambio de cargos para los congresistas”, expuso.

Alejandra Barrios, directora de la MOE le dijo a El Espectador que “la reforma aprobada viøla la Convención Interamericana y también el fallo de la Corte IDH (…) el texto aprobado en el Congreso mantiene la competencia de la Procuraduría en cuanto a que una autoridad administrativa puede afectar los derechos políticos de los ciudadanos. Eso se tiene que trasladar a los jueces penales”, rechazando de facto las declaraciones de Cabello.

El represente Gabriel Santos, del Centro Democrático, también rechazó el aumento burocrático en el Ministerio Público:

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