Familia Samboní no ha sido indemnizada y los Uribe Noguera liquidaron bienes

El caso de los Uribe Noguera aún continúa sin tener conclusión. Según la Agencia de Periodismo Investigativo (API), hasta el momento no ha existido la indemnización correspondiente a la familia de la pequeña Yuliana Samboní, por parte de la familia de Rafael Uribe Noguera, el asesino de la menor de apenas 7 años.

Al parecer una serie de “maniobras empresariales y financieras” dentro de este caso, han permitido que la familia del homicida salga librada de la multa por 1.600 millones de pesos al Estado, y de indemnizar a la familia. La constructora Lascaux SAS, que se encargó de la construcción del edificio Equus 66, lugar donde Uribe cometió el crimen, entró en liquidación por decisión de los socios, esto habría sido justamente uno de los factores que eliminó la posibilidad de llevar a cabo la reparación económica a la familia Samboní.

Según afirma la API, en la oficina de registros públicos no aparece ningún bien a nombre del condenado arquitecto Rafael Uribe; a esto se le suma el hecho que el apartamento en donde él cometió el feminicidio, que era propiedad de su hermano Francisco y de Luis Alfredo Barragán, fue vendido un mes atrás por la suma de 740 millones de pesos.

La propiedad fue adquirida al parecer por Diana Constanza Reyes Forigua y John Fredy Vega.

Cabe recordar que a pesar que Catalina y Francisco Uribe Noguera fueron absueltos por el juez 46 penal del circuito en primera instancia de los delitos de encubrimiento por favorecimiento y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios, la Fiscalía apeló esta decisión, motivo por el que aún queda la decisión de segunda instancia en manos del Tribunal Superior de Bogotá.

Respecto a la reparación de las víctimas, según explica la API, el 30 de noviembre de 2017, el proceso contra Uribe Noguera fue trasladado al juzgado 35 penal de conocimiento para que estos se encargaran de dar trámite al incidente de reparación integral, sin embargo, este trámite no fue convocado dentro de los 8 días que tiene la ley dispuesto como plazo, por lo tanto 1 mes después ya no fue posible iniciar dicha indemnización.

La API realizó todo un recuento cronológico del caso y reveló múltiples detalles sobre el porqué la indemnización no ha tenido lugar y cuales han sido algunas de las aparentes jugadas que se han realizado para evitar los pagos. Fuente consultada: API.

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