Fiscalía reabre el caso contra las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez por Odebrecht

Debido a los presuntos actos de corrupción dentro de la adjudicación del tramo Ocaña –Gamarra de la ruta del sol 2, el fiscal ad hoc, Leonardo Espinosa, tomó la decisión de reabrir el proceso contra las exministras del gobierno Santos Gina Parody y Cecilia Álvarez.

Espinosa fue asignado para tener conocimiento de una parte de los procesos contra Odebrecht tras los impedimentos que se han presentado sobre el fiscal general, Néstor Humberto Martínez; por esa razón ordenó la reapertura del caso, el cual había sido archivado el año pasado.

La motivación de este proceso son los supuestos intereses o beneficios que pudieron haber obtenido las dos exministras con la adjudicación del tramo ejecutado por la multinacional brasileña.

La investigación en sus inicios fue asumida por María Paulina Riveros, quien para el momento fungía como vicefiscal, y fue ella la que en junio de 2018 ordenó el archivo del proceso, argumentando la no existencia de elementos suficientes que incriminaran a las exministras con los supuestos actos de corrupción con Odebrecht.

Según explicó Espinosa, ahora existen nuevas motivaciones para la reapertura del proceso, basado en los “elementos de convicción” que han expedido varios órganos de control, los cuales él mismo cita:

“Procuraduría General de la Nación y la Contraloría de la República, sumados a otros emitidos por Corporaciones Judiciales como el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y finalmente, por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – Superintendencia de Industria y Comercio”, explica el Fiscal ad hoc, de acuerdo a BluRadio.

Aclara también que todas estas decisiones surgieron después que se haya ordenado el archivo del proceso, lo que explica por qué hasta ahora se toma la decisión.

Cabe recordar que lo que propició inicialmente la investigación, según explicó la Procuraduría, fue el posible conflicto de intereses por parte de Gina Parody en la suscripción del documento del Consejo Nacional de Política Económica, Conpes 3817, con el que se hicieron las adiciones, pues este podría beneficiar supuestamente a familiares suyos que hacían parte de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. Fuente consultada: BluRadio.

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