General Oscar Atehortua irá a juicio por cuatro cargos, entre ellos el tráfico de influencias

Por orden de la Procuraduría General de la Nación, ha sido citado el general Óscar Atehortúa a rendir declaraciones respecto a varios hechos que lo involucran en irregularidades presentadas en proyectos de viviendas fiscales de la Escuela Internacional del Uso de la Fuerza Policial Para la Paz (CENOP).

La audiencia de juzgamiento disciplinario contra Atehortúa se debe, según lo explicado por el ente de control, a que el uniformado ha sido vinculado a los proyectos de vivienda realizados en San Luis, Tolima, del cual tendrá que aclarar su participación y su supuesta extralimitación de funciones aprovechando su puesto como inspector general de la Policía.

Mediante un comunicado oficial, la Procuraduría planteó cuatro escenarios en los que el general Atehortúa pudo haber incurrido en faltas disciplinarias de suma gravedad, y que cada una de ellas implican un tipo de delito distinto. Los puntos marcados por el órgano de control son los siguientes:

En calidad de director general del Fondo Rotatorio participó en 2015 en la ejecución de un contrato en el que pudo haber faltado a su deber de revisar la obra ejecutada y velar por la buena calidad del objeto contratado.

El oficial en su calidad de inspector general de la Policía, entre junio y diciembre de 2018, pudo no haberse declarado impedido para conocer el expediente disciplinario relacionado con las presuntas irregularidades en la construcción del proyecto CENOP, pese a la eventual existencia de un interés directo sobre la actuación.

Presunta extralimitación de funciones. La Procuraduría cuestiona que el investigado hubiera acudido a un capitán para verificar el proceso de construcción de las viviendas fiscales, y le suministrara una línea de tiempo del expediente.

El general aparentemente utilizó de manera indebida la influencia de su cargo para que el inspector general de esa institución, mayor general William René Salamanca Ramírez, no diera curso a una actuación disciplinaria que estaba adelantando por posibles irregularidades en el proyecto CENOP, en la que podía resultar comprometida su responsabilidad.

El comunicado concluye con la orden que la Procuraduría le dio a la Fiscalía General de la Nación respecto al traslado de piezas procesales, las cuales son elementos de investigación que pueden determinar si el uniformado incurrió en faltas disciplinarias que han sido prescritas, y que pueden vincular a las personas que intervinieron en el proyecto de vivienda.

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