Gobierno asumirá deuda de 1,2 billones de pesos por el caso Odebrecht

Luego de que el escándalo de Odebrecht estallara en varios países de Latinoamérica, el gobierno colombiano ha decidido tomar una serie de medidas para evitar el impacto tras los proyectos fallidos que estaban adjudicados a la mega constructora brasileña.

Como primera medida la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, anunció junto al viceministro Manuel Felipe Gutiérrez, la liquidación de la sociedad Concesionaria Ruta del Sol S.A.S, luego de frenarse el proyecto por problemas de corrupción como la adjudicación de forma ilegal de varios contratos.

Según la información dada por la Superintendencia de Transporte, la decisión de disolver dicha sociedad se debía principalmente a la imposibilidad de poder continuar siendo empresa social, además de ser inviable la ejecución de nuevos contratos por sus impedimentos tanto de forma económica, administrativa como por impedimentos jurídicos.

Junto con esto, explican cómo esta liquidación busca proteger a los terceros que hicieron parte del proyecto, para darles mayores garantías jurídicas ante el caso, y así mismo aprovechar el patrimonio de la misma sociedad para poder solventar la deuda de forma efectiva y evitar un mayor detrimento de la misma.

La ministra Orozco explica que esta sociedad habría recibido contratos de obras por más de 1,9 billones de pesos, de los cuales 1,2 son deudas pertenecientes a bancas nacionales de las que el gobierno nacional se hará cargo en el pago de la totalidad de los dineros a través del Presupuesto General.

Los bancos que recibirían el pago de la deuda son Bancolombia, Davivienda, Banco Popular, Banco AV Villas, Banco de Occidente, Banco de Bogotá e Itaú. Estas entidades bancarias estarían dispuestas a renunciar a los intereses de la deuda con el estado, y así ahorrarle al erario un aproximado de 230.000 millones de pesos.

Cabe recordar que en la mencionada sociedad Ruta del Sol S.A.S. hacían parte la organización Solarte y CIA, Corficolombiana, Episol (filial de Corficolombiana) y Odebrecht, mismos que en el año 2010 se les otorgó contratos sobre 993 kilómetros de vías existentes y la creación de un nuevo tramo de 78 kilómetros aproximadamente, que no fueron ejecutadas.

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