Libertad de prensa, la otra víctima de la represión en el paro nacional

Editorial Colombiano Indignado por Juan Romero: Además de la violencia generalizada producto de confrontaciones entre civiles y agentes de la fuerza pública, un nuevo fenómeno no menos preocupante se ha dibujado con trazos fuertes en el panorama nacional: una ola de violencia y represión contra periodistas que vienen documentando desde el pasado 28 de abril las manifestaciones.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), al 28 de mayo de 2021, reportó 178 casos y 201 víctimas de constreñimiento a la libertad de prensa durante las manifestaciones del paro. Por tal motivo, la mencionada fundación, junto a Reporteros Sin fronteras, pidió intervención directa de Naciones Unidas, la OEA y la Unesco.

Las organizaciones que lideran la denuncia aseguran que hay “incapacidad” por parte del Gobierno para garantizarle a la prensa la posibilidad de ejercer su oficio de manera libre en medio de una de las coyunturas sociales más tensas que se han registrado en la historia del país.

Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios de Seguridad y Paz y quien ha venido adelantando labores de prensa en medio del paro nacional, señala que todo se desencadenó cuando los medios comenzaron a denunciar que los agentes del Esmad estaban disparando directamente al cuerpo de los manifestantes y no de manera parabólica, como lo establecen los protocolos.

“Los malos procedimientos y su difusión en redes hicieron que crecieran tensiones entre los medios de comunicación y los agentes de la fuerza pública. Desde entonces, se han venido registrando más casos de atropellos y abusos de autoridad contra reporteros”, expuso.

Rosanía explicó que, cuando se originan los disturbios, la mayoría de fotógrafos y reporteros se ubican en las zonas laterales de la calle, como mecanismo de protección. Sin embargo, afirma que agentes del Esmad han disparado granadas lacrimógenas directamente contra los periodistas. Relata que ha sido testigo del momento en que dos colegas resultaron con fracturas en sus brazos producto de la agresión.

Por casos como estos, es que la Flip y Reporteros Sin Fronteras solicitan a los organismos internacionales que exijan al Gobierno colombiano otorgar “información clara sobre las investigaciones penales y disciplinarias que se han iniciado con ocasión de los hechos, las actividades de investigación desplegadas, los hallazgos dentro de las mismas y los miembros de la Fuerza Pública que presuntamente participaron en los hechos”.

Teniendo en cuenta que se prevé un prolongamiento del paro nacional, las agremiaciones solicitaron la implementación de “protocolos de atención a periodistas víctimas de los miembros de la Fuerza Pública así como que promueva una reparación colectiva por la violencia registrada en las jornadas de protestas”.

A su turno, la Defensoría Nacional del Pueblo, encabezada por Carlos Camargo, rechazó los hechos denunciados y estableció que la “preocupante cifra” deja ver que, en promedio, hay seis agresiones por día.

En ente protector detalló que, además, al menos en 12 casos se presentó un agravante: el robo de los equipos de los reporteros, tales como cámaras, tarjetas de memoria y demás instrumentos. Además, la propia Defensoría resaltó que en el marco de las manifestaciones se presentaron al menos ocho detenciones ilegales de comunicadores. En el informe de la Defensoría también se denuncian cuatro casos de espionaje durante el trabajo de reportería, 16 casos de obstrucción al ejercicio periodístico, tres ciberataques a páginas web de medios de comunicación, además de doce acciones arbitrarias en redes sociales.

Camargo anunció que el ente protector adelantará las respectivas investigaciones “para que los responsables rindan cuentas por las agresiones perpetradas”.

Pero ninguna de estos anuncios parece ser suficiente para ponerle freno a las agresiones contra la prensa. En las últimas horas, un fotorreportero de El Espectador, manifestó que, pese a haberse identificado como prensa, fue agredido por agentes del Esmad en Bogotá.

“Yo sentí que me cogieron de la espalda, como de la chaqueta, y mientras tanto otro me pone el pie entre las piernas para hacerme un tipo de zancadilla. Ahí me caigo con todo lo que tenía puesto. En el piso me empiezan a golpear, no tengo claro si era patadas o bolillazos, todo fue muy rápido. Yo me levanto rápido y empiezo a dar pasos hacia atrás y les repito que soy de prensa. Ahí me dicen ‘prensa de qué’ en sentido como ‘usted no es nadie’, mejor dicho”, expuso el comunicador, cuyo nombre no se reveló por seguridad.

En la tarde de este viernes, la Flip emitió un comunicado alertando sobre amenazas contra José Alberto Tejada, director y reportero del Canal 2 de Cali, uno de los medios que con mayor ahínco han cubierto el paro en las calles de la capital vallecaucana. Tejada y su camarógrafo Jhonatan Buitrago habrían sido víctimas de un agente del Esmad que quiso dispararles una granada de gas a quemarropa. “Aguanta para pegarle un tiro”, habría dicho, según un defensor de derechos humanos, uno de los uniformados.

Rosanía expuso que casos como este demuestran cómo la fuerza pública se ha ensañado de manera puntual contra reporteros de medios independientes. Muchos de estos periodistas no cuentan con un carnet corporativo dada a naturaleza de su proyecto periodístico, lo que los hace más proclives a ser víctimas de agresiones, detenciones, amenazas y demás vejámenes como los ya reportados.

El analista hace énfasis en que la fuerza pública, con esas acciones, está violando el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, que reza:

“Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”.

En ese sentido, ni siquiera un carnet haría falta para que agentes de las fuerzas del orden respeten a la prensa en el desarrollo de sus funciones.

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