Los hechos ‘desvirtúan’ la ‘hipótesis absurda de Uribe’ de que Arias es un ‘perseguido político’

Yohir Akerman enumeró en su columna para El Espectador los hechos que rodean el caso del exministro Andrés Felipe Arias, quien por estos días volvió a sonar en el país por la tutela que estudia la Corte Constitucional para otorgarle una posible doble instancia.

En ese sentido, para el periodista no se puede decir que Arias es un perseguido político ni que la Corte Suprema de Justicia actuó de manera arbitraria porque, primero, no solo el alto tribunal falló en contra del político, sino también la Procuraduría de Alejandro Ordóñez, hoy funcionario del Gobierno uribista.

Segundo, la Fiscalía General de la Nación también lo acusó y en ese momento estaba al mando Viviane Morales, otra funcionaria del Gobierno de Duque.

Lo anterior demuestra que no existe persecución, según Akerman, porque entonces fue cometida por personas que hoy trabajan para el Gobierno que protege al mismo Andrés Felipe.

La columna trae a colación el argumento del uribismo sobre que el exministro no se robó ni un peso, y para Yohir eso es “parcialmente cierto”.

“(…) Pero el Código Penal contempla otros delitos que dan prisión fuera de ese. Este es el caso de la celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales y el peculado por apropiación a favor de terceros, cometidos por Arias. Y eso está probado documentalmente”, explica.

Por eso recuerda que por lo menos 26 mil millones de pesos terminaron en manos algunas familias que supuestamente eran donantes de Álvaro Uribe Vélez y la campaña a la presidencia que estaba iniciando Arias.

Asimismo, menciona el decreto 732 del 2008, firmado por Uribe y Arias, donde al parecer entregaron $3.297 millones a la Agropecuaria El Uberrimo SAS para la construcción de los sistemas de riego de la finca del expresidente.

O, por ejemplo, el caso de un lujoso apartamento que compró Andrés Felipe en Bogotá por $700 millones, cuando en realidad valía comercialmente $1.200 millones. Pues resulta que supuestamente le hicieron el descuento porque la familia vendedora habría recibido $1.100 millones en subsidios de Agro Ingreso Seguro, según Akerman.

También está el caso de Andrés Darío Fernández Acosta, reemplazo de Arias en el MinAgricultura, quien le pidió al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura que sacrificara a un empleado para evitar que el exministro sorteara el escándalo. Obviamente el IICA se negó y esto terminó conociéndose.

Finalmente el periodista recuerda que el político se fue a Estados Unidos, cometiendo un fraude a resolución judicial que le podría dar unos años más de prisión. Su argumento fue que confiaba más en la justicia de ese país; sin embargo, allá no le creyeron y atendieron la solicitud del juez colombiano de capturarlo y extraditarlo. Fuente: El Espectador.

¿Quieres dar tu opinión sobre este artículo?

Twitter
Noticias por e-mail

Ingrese su dirección de correo electrónico para suscribirse al portal y recibir notificaciones de nuevas publicaciones en su bandeja de entrada.

error: Este contenido está protegido