Mayoría de magistrados respaldarían tutela de Arias y en ella pidió su libertad, según medios

La Sala Plena de la Corte Constitucional revisará este miércoles 13 de mayo la tutela interpuesta por el exministro Andrés Felipe Arias.

Lo que siempre ha pedido el político es que se le otorgue la posibilidad de una segunda instancia, toda vez que cuando fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 16 años de prisión, era aforado y no tenía dicho beneficio.

En septiembre del 2019 el alto tribunal seleccionó la tutela para ser revisada, a donde llegó luego que la Corte Suprema la rechazara.

No obstante, Noticias Caracol reveló que supuestamente la mayoría de los magistrados “respaldan la tutela” y esto podría sentar un precedente jurídico importante para el país.

El medio consultó a expertos y coinciden en que si se aceptan los argumentos de Arias, se abre la puerta para que decenas de condenados con el mismo sistema, soliciten una segunda instancia.

“Todos los que hayan sido condenados en una única instancia y su acción penal esté vigente tendrán la posibilidad de solicitar una igualdad de trato”, le dijo a Caracol el exvicefiscal Francisco José Sintura.

Otros juristas alertan que entre los más de 200 aforados que posiblemente se acojan a ese beneficio, si la Corte toma una decisión a favor del exministro, se encuentran los del proceso 8.000, farcpolítica, parapolítica, yidispolítica, carrusel de la contratación, DAS, Cartel de la Toga, entre otros, de donde se derivaron condenas a aforados.

La duda que plantea sobre este tema el medio es quién entrará en este caso a ser garante de la segunda instancia, ya que no hay un tribunal más allá de la Corte Suprema. Además, la Corte Constitucional estudia si hay o no un tiempo límite para revisar sentencias de este tipo. Fuente: Caracol Noticias.

Por otro lado, Andrés Felipe también está solicitando su libertad, según Blu Radio, si se toma una decisión favorable.

“Se solicita a la Honorable Corte Constitucional que se le conceda al Accionante la libertad personal desde el momento en que se profiera la sentencia de tutela hasta cuando se resuelva la impugnación a la sentencia condenatoria de única instancia del 16 de julio de 2014, teniendo en cuenta que la sentencia susceptible de impugnación no se encuentra en firme y, por lo mismo, en virtud de la presunción de inocencia y de la libertad personal consagradas en el artículo 29 de la Constitución Política, la condena a pena privativa de la libertad no debe ejecutarse al menos que se confirme la condena”, indica una parte del documento que reveló dicho medio.

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