Multa contra el joven por comprar una empanada en la calle es ilegal, según congresista

Luego de hacerse viral la denuncia del joven Stiven Claros, quien recibió la multa de 834.000 pesos por comprarle una empanada de pollo a un vendedor ambulante, se empiezan a prender las alarmas entre la ciudadanía sobre el papel de la Policía en la sociedad colombiana.

Al parecer los patrulleros se habrían amparado en el numeral 6 del artículo 140 del Código de Policía, en el cual se determina que “promover o facilitar el uso u ocupación del espacio público en violación de las normas y jurisprudencia constitucional vigente constituye comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público”.

Esta falta constituye una multa tipo 4, según la categorización del Código de Policía, y tendría un valor aproximado a $883.324 pesos; esto haría que la multa por comerse una empanada de un vendedor ambulante fuera aparentemente legal.

Sin embargo, fuentes cercanas a la Institución han contado a distintos medios que la norma ha sido malinterpretada, ya que suele castigarse es a los vendedores más no a los consumidores, pues lo que menos pretende la Policía es que se genere la idea de que los uniformados persiguen a la ciudadanía. Además se habla de una posible investigación contra los patrulleros que impusieron la multa para conocer todos los detalles de cómo fue impuesto el comparendo y si existió algún tipo de abuso de autoridad por parte de los uniformados, aunque esto todavía son especulaciones y no se ha habido una declaración oficial.

Recordaron igualmente que la zona donde ocurrió el suceso está siendo objeto de operativos de recuperación del espacio público, por lo que se analizará el contexto bajo el que el joven fue multado.

Sobre esta situación se han hecho observaciones como la pronunciada por Kenneth Burbano Villamarin, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, quien asegura que: “El hecho de comprar a vendedores que están es el espacio público, no hace responsable de la ocupación a quien compra sino al que vende. Los ciudadanos no están en la obligación de saber si quien realiza esa actividad lo hace conforme a las normas o no“.

Burbano calificó como un exceso el proceder de los uniformados ante un caso como este, y asegura que toda la responsabilidad que exista en los operativos sobre el espacio público, no debe recaer sobre la ciudadanía.

En contraposición, Mario Juvinao, profesor de Gestión Urbana de la Universidad Externado, indicó que: “Es claro que la norma desarrollada en el Código de Policía, artículo 140, numeral 6, explícitamente advierte sobre sanciones a quienes promuevan el uso indebido o invasión del espacio público en ‘violación de las normas y jurisprudencia constitucional vigente’. Lo anterior, según el Código se tipifica como un ‘comportamiento contrario al cuidado e integridad del espacio público’, es decir, sí hay bases normativas y legales para sancionar ese tipo de conducta”. Fuente consultada: ElTiempo.

No obstante, la declaración que más llamó la atención fue la del congresista de los Verdes, Inti Aprillas, que dijo:

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