Multan con $10 millones al fiscal general Barbosa por incumplir orden de la Corte Suprema

Tras determinar que el jefe del ente investigador no acató la orden de establecer un protocolo para la protesta ciudadana, el Tribunal Superior de Bogotá sancionó al fiscal general Francisco Barbosa con 10 millones de pesos. Por su parte, la Fiscalía argumenta que no fue notificada del fallo y que además cumplió la disposición de la alta corte.

Según el fallo judicial, Francisco Barbosa, la cabeza del organismo investigador, no planificó un protocolo que posibilitara a los ciudadanos, organizaciones de derechos humanos y entidades vinculadas a las Naciones Unidas, efectuar garantías en casos de capturas y traslado de personas durante el desarrollo de cualquier clase de movilización, manifestación o protesta. Por tal razón, el Tribunal Superior de Bogotá decidió imponerle una multa al fiscal general, al no ejecutar la orden que le había dado la Corte Suprema de Justicia.

Tras darse a conocer la noción, la Fiscalía hizo público un comunicado de prensa en donde afirman que el fallo no se notifico de acuerdo a lo que establece la ley y, que, por tal motivo, se vio afectado el debido proceso del fiscal Barbosa. Adicionalmente, el comunicado añade que la Fiscalía General sí acató el fallo y expidió una directiva en la cual establecen lineamientos para la investigación y judicialización cometidos en el marco de la protesta social.

El veredicto judicial del Tribunal Superior de Bogotá señala que “a pesar de que tuvo la oportunidad de fabricar el respectivo protocolo junto con las otras dos entidades encargadas del cumplimiento de la misma orden, se abstuvo de proceder de esa manera con base en que no participaba en casos de capturas y traslados, tema que en atención a su cargo conoce de toda claridad, argumento que como quedó visto es infundado, y que no revela nada distinto a visos de descuido o negligencia imputable”.

Este fallo tiene origen tras una acción judicial presentada por la Sociedad María Granada Castañeda en contra de la Fiscalía General, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Presidencia de la República, la Procuraduría General, la Policía Metropolitana, la Defensoría del Pueblo y que llegaría hasta la Corte Suprema de Justicia. La corporación demandaba que se garantizara la protección del derecho a la protesta pacífica en el país durante el 2020, solicitud a la que el alto tribunal accedió.

Por otra parte, La Corte Suprema ordenó que, en un plazo máximo de 48 horas, es decir hasta el domingo 19 de diciembre el fiscal General, Francisco Barbosa, debe entregar el protocolo para la protesta ciudadana y advirtió que, sí incumple con esta orden, Barbosa podría enfrentar sanciones de más relevancia y que podrían llegar a afectar su cargo.

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