Odebrecht, Corficolombiana y Grupo Aval buscan tumbar fallo relacionado a la Ruta del Sol 2

Pese a que el escándalo de corrupción protagonizado por la multinacional Odebrecht cumple 3 años, las implicaciones económicas y legales que desató parecen no tener un final cercano. Apenas dos meses de haberse declarado nulo el contrato de la Ruta del Sol 2, decisión con la cual se sentaba un precedente histórico y era el que el Estado no pagara las deudas producto de la corrupción por parte de las empresas contratadas, varias de las partes involucradas adelantan recursos con los que se pretende tumbar el fallo firmado el pasado 6 de agosto.
Los grupos encargados en presentar las querellas son Odebrecht, Concesionaria Ruta del Sol, Episo, Corficolombiana, Grupo Aval, Davivienda, Bancolombia e Itaú. Los reproches emitidos por las entidades bancarias afirman que pese haberse descartado su participación en los escándalos de corrupción de la multinacional brasileña, estarían siendo perjudicadas al haber participado como terceros de buena fe en la autorización de préstamos para la ejecución de las obras.
Las objeciones presentadas por Odebrecht van más allá, advirtiendo que al parecer los árbitros que determinaron la decisión de dar nulidad al contrato impusieron su propio criterio de justicia en la sentencia, sin haber tenido en cuenta varias normas ni realizado una valoración minuciosa del material probatorio del caso. Sobre los hechos que envuelven el escándalo de corrupción, la multinacional aceptó los pagos de sobornos bajo la premisa de haberse hecho desde “principios de la autonomía judicial y la sana crítica”.
Pese a que las entidades bancarias involucradas y Odebrecht tengan responsabilidades distintas en cómo se desarrollaron las irregulares en torno al contrato de la Ruta del Sol 2, todas las partes poseen un punto en común y es el considerar que el fallo posee graves errores en los cálculos que determinaron los pagos que debía realizar el Estado, y que estos mismos significan enormes pérdidas que harían tambalear la estabilidad financiera del país en materia de inversión.
La decisión queda ahora en manos del Consejo de Estado, entidad que deberá evaluar para antes del 24 de octubre, los nueve recursos de anulación al fallo del tribunal que estarían afectando a las partes involucradas, por lo cual el fallo que pretendía dejar en claro que “la corrupción no se premia” corre el riesgo de ser tumbado.

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