Periodista Gonzalo Guillén pide arrestar al ministro Diego Molano por incumplir orden judicial

El pasado 8 de noviembre, el juez 22 administrativo de la Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá le dio un plazo de 48 horas al ministro Diego Molano para entregarle al periodista Gonzalo Guillén unos documentos necesarios para la culminación de una investigación periodística.

“El Juzgado 22 Administrativo de la Oralidad ordenó al MinDefensa y Ejército entregarme unas resoluciones públicas que se niega sistemáticamente a darme. Las necesito para culminar una investigación periodística”, dijo en su momento el cofundador del portal La Nueva Prensa.

Luis Eduardo Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, y Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército Nacional, también están incluidos en el requerimiento.

“Ordenar al doctor Diego Molano Aponte en calidad de ministro de Defensa Nacional que en el término impostergable de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir la notificación de esta providencia, expida y notifique los actos administrativos suficientes y necesarios para resolver de fondo y de la manera que en derecho corresponda la petición con radicado del 12 de agosto de 2021″, reza el fallo inicial.

Pasaron 48 horas y Guillén no recibió la información requerida, por lo que solicitó medida de aseguramiento contra Molano y Zapateiro.

“Me dirijo a usted para informarle que se ha superado el término concedido por usted para que se de cumplimiento en mi favor a la orden de su despacho impartida en el proceso. En detrimento de mis derechos, la parte accionada ha hecho caso omiso de su mandato, impartido dentro del proceso de la referencia”, expuso el periodista.

Guillén, además, pide que se inicie un proceso por desacato, lo cual incluye que, por todos los medios legales, Molano y Zapateiro cumplan con la orden.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que una situación se tales características se presenta en el país. El 10 de diciembre de 2020, un juez de Chinchiná, Caldas, ordenó un arresto por tres días del fallecido ministro Carlos Holmes Trujillo y de Óscar Atehortúa, entonces director de la Policía Nacional  “por incumplimiento a un fallo de tutela proferido el 26 de agosto de 2019 que ordenaba la promoción de ascenso al mayor Moreno Salazar”.

Aquella decisión fue tomada porque un uniformado de apellidos Moreno Salazar, quien ya presentaba todos los requisitos para ser ascendido, no fue recomendado a los cursos de capacitación al grado de teniente coronel. Todo eso ocurrió en febrero de 2020.

Pero fue el Tribunal Superior de Manizales el que en segunda instancia revocó el fallo del Juzgado Promiscuo de Chinchiná con el argumento de que “no hay lugar a señalar ningún tipo de sanción por cumplimiento de la sentencia”.

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