Polémica tras propuesta de Iván Duque para que se elimine la ley de garantías

La ley 996 del 2005, más conocida como Ley de Garantías Electorales, ha sido desde que se creó un muro de contención para tratar de evitar que sean utilizados los contratos públicos para favorecer a quienes aspiran a reelegirse o evitar que funcionarios públicos desde sus cargos favorezcan a un candidato en específico.

En ese sentido, el presidente Iván Duque propuso eliminar la ley de garantías, pues, según él, esta genera un “obstáculo” para los mandatarios municipales y departamentales debido a que al no existir la figura de reelección, no se justifica la medida.

Duque exhortó a los alcaldes, gobernadores y congresistas a trabajar con el Gobierno a través del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio del Interior, para buscar soluciones frente a las restricciones que impone la Ley de Garantías en materia de contratación y ejecución de proyectos de los mandatarios locales y departamentales, toda vez que son los más afectados con la medida.

“Ya que no hay reelección en el país, que no hay reelección presidencial, le hablo a los miembros del Congreso para advertirles que es muy importante que miremos cómo le quitamos ese obstáculo a los mandatarios que por esa medida dejan de ejecutarse muchos proyectos”, afirmó el jefe de Estado.

La Auditoría General de la República informó haber descubierto que varios entes territoriales suscribieron contratos tras la entrada en vigencia de la pasada Ley de Garantías; un total de 86 contratos equivalentes a 3.146 millones de pesos, entre el 27 y el 31 de enero del año en curso.

La violación de la normatividad se dio por parte de entes como la Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso, que suscribió cinco contratos por 1.314 millones de pesos durante la restricción, al igual que la alcaldía del municipio de San Agustín, donde se realizó un contrato por 325 millones de pesos en el mismo término.

Igualmente la norma fue desacatada por otras alcaldías como el caso de los municipios de Tibacuy en Cundinamarca, Restrepo en el Meta, Nobsa en Boyacá y Pijao en Quindío, los cuales celebraron contratos que superaron los 400 millones de pesos.

Duque presentará una iniciativa que cumpla la misma función sin limitar el desarrollo de los planes regionales. “Vamos a redactar un proyecto y a mirar si se alcanza a tramitar a la mayor brevedad posible. Y sobre todo porque esto le limita la posibilidad de ejecución de recursos a las entidades territoriales y el país está necesitando reactivación económica”, aseguró Duque. Fuente consultada: LaFm.

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