Preocupación nacional por fallo que abre la puerta a megaminería en Salento, Quindío

Una noticia que tiene molesta a la comunidad ambientalista se conoció este martes, cuando a pesar que el Concejo municipal de Salento, Quindío, había establecido en un acuerdo la defensa por el medio ambiente, una sentencia del Tribunal Administrativo le abrió las puertas al desarrollo de la megaminería en la región.

El acuerdo 01 con el que se dictaban medidas para la “defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio de Salento y se adoptan otras determinaciones”, quedó invalidado con la decisión del Tribunal que consideró que, según las determinaciones en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, una entidad territorial no tiene competencia absoluta para los fines que prevé el acuerdo cuestionado, pues esto debe ser decidido en conjunto con la Nación atendiendo los principios de coordinación y concurrencia, según citó Caracol Radio.

Esto no ha sido tomado con agrado por las fundaciones ambientalistas y gran parte de la población que se expresó en redes sociales con el hashtag #HastaAhíLlegóSalento, con el que lamentan la determinación tomada por la instancia judicial de Quindío.

Néstor Ocampo, director de la fundación ambientalista Cosmos de Calarcá, se pronunció con decepción por la decisión que califica como “infortunada”, y recordó que ya existían decisiones del Concejo para la protección del territorio.

“Conocimos ayer la infortunada noticia que el Tribunal Administrativo del Quindío consideró como inválido, el acuerdo municipal del concejo de Salento, mediante el cual ha pretendido la defensa del territorio frente a la amenaza que significa la minería de metales y piedras preciosas, aquí lo más triste ha sido la actitud y el comportamiento del gobernador del Quindío, que a pesar de haber prometido en campaña la defensa del territorio y a pesar de haber afirmado que estaría dispuesto a amarrarse a un árbol para defender al Quindío, tenemos que decirlo con tristeza, él no ha movido un dedo, en función de defender al territorio frente a la amenaza que significa la minería, y en este caso se puso de presente, porque fue la oficina jurídica de la gobernación la primera que afirmó que se violaba la constitución y las leyes, que es lo que refrenda el TAQ”, explicó sobre el caso.

Al respecto la concejala Orfa Correa le dijo al diario El Tiempo que: “Seguiremos luchando, nos vamos a dar a la tarea de revisar bien la sentencia y pondremos una tutela. En este caso no aplican los fallos, el Tribunal no tuvo en cuenta el último fallo del Consejo de Estado de diciembre del año pasado donde nos permiten a nosotros como concejales defender nuestro territorio”.

Ahora existe la discusión sobre el porqué de la decisión, teniendo en cuenta que recientemente el Tribunal Administrativo de Medellín se pronunció de forma contradictoria al de Quindío respecto a los acuerdos municipales y el alcance de los mismos.

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