Procuraduría denuncia posible trasteo de votos en más de 262 municipios

El delito de trashumancia electoral o “trasteo de votos” como comúnmente se conoce, ha encendido las alarmas dentro de la Procuraduría General de la Nación, que advierte sobre la elevada estimación que se tiene acerca de la práctica de esta actividad ilegal para las elecciones del 27 de octubre, que estaría cercana al 24% de la población en los municipios del país.

Este tipo de delito que apenas fue tipificado como conducta punible en el artículo 389 del Código Penal en el año 2017, consiste en inscribir la cédula para votar en un lugar distinto al que se reside. Este tipo de práctica podrá ser castigada con una pena de 4 a 9 años de prisión, por lo que las autoridades, tienen el deber de estar atentos a movimientos extraños dentro de las campañas electorales, que pueden estar planeando incurrir en este tipo de conducta.

Con un índice del 24%, la Procuraduría ha advertido del elevadísimo porcentaje de la población en los municipios, que estarían participando en trashumancia electoral, del cual se tiene una estimación respecto a los territorios del país que estarían en alto riesgo de proporcionar votantes para ese tipo de modalidad de fraude electoral. Municipios como San Cayetano (Norte de Santander), Puerto Colombia (Atlántico), Taraira (Vaupés), Restrepo y Puerto Gaitán (Meta) son los territorios que encabezan la lista entregada por el ente de control.

Entre los datos revelados por la Procuraduría, 27 de los 32 departamentos del país estarían en alto riesgo de participar en esta práctica ilegal, liderando con mayor número de municipios involucrados el departamento de Boyacá con 52 municipios, Cundinamarca con 40, Antioquia con 35, Santander con 21 y Norte de Santander con 13.

El Procurador General, Fernando Carrillo hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncien en cualquier personería municipal, Fiscalía u oficina de la Procuraduría a los “mercaderes de votos” involucrados este tipo de conductas.

“Uno puede elaborar hipótesis, que se deben de corroborar, cómo la situación en municipios que son de frontera, otros que son municipios con migración, otras con tradición minera o con prácticas clientelistas”, explicó Carrillo quien expresó la disposición del ente de control en condenar los delitos electorales.

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