Procuraduría pide que se anule la audiencia que otorgó detención domiciliaria a Oneida Pinto

Después que una Jueza de Soacha, a escondidas de la Fiscalía y la Procuraduría, le diera el beneficio de detención domiciliaria, buscan declarar su nulidad.

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El pasado 10 de octubre, mientras todos estábamos pendientes de que la Selección Colombia pasara al mundial, la corrupta Oneida Pinto, exgobernadora de la Guajira por Cambio Radical y un Jueza de Soacha, actuaban a escondidas de los colombianos, la Producraduría y la Fiscalía, otorgándole el beneficio de detención domiciliaria a esta mujer aduciendo que era madre cabeza de familia

Ahora el Ministerio Público ha solicitado que la audiencia en donde se llevó a cabo esta aberración, se declare nula. Para el 1 de noviembre se daría esta audiencia, pero con un Juez de Bogotá, en donde se anularía lo realizado en días con la exgobernadora.

Según esta entidad, la Corte Suprema de Justicia había ordenado que el que debía llevar el proceso de Oneida Pinto, era un juez de Bogotá, y no la Jueza Sexta Penal Municipal Mixto con Función de Control de Garantías de Soacha. Además, dicha audiencia no contó la asistencia del Fiscal Luis Eduardo Castañeda Castro, de la Unidad Anticorrupción, ni con los delegados de la agencia especial del Ministerio Público, es más, el mismo Castañeda avisó que no podría estar en esa diligencia porque se encontraba cumpliendo funciones de su cargo en otro lugar.

Los delitos que se le imputan son: peculado por apropiación, falsedad en documento público, contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento privado. Por eso, la Procuraduría busca que se le imponga de nuevo la medida intramural, toda vez que los delitos se cometieron en contra de un programa que tenía qué ver con mortalidad infantil y los recursos ascendían a 18 mil millones de pesos.

Igualmente, solicitaron al Consejo Superior de la Judicatura que investigue al abogado de Oneida Pinto, Antonio Luis Navarro, por posibles faltas disciplinarias en omitir actuaciones procesales que debían de realizarse para el total cumplimiento de los preceptos legales, según LaW.

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