Mediante su apoderado, Santos solicitó que se archivara la investigación que cursa en su contra en el Consejo Nacional Electoral, toda vez que, según él, este organismo no es competente para investigarlo.
En los últimos días se conoció que Juan Manuel Santos, por medio de su abogado, Alfonso Portela, le solicitó al CNE que se archivara la investigación que la magistrada Ángela Hernandez habría iniciado mediante ponencia presentada ante esa corporación por el caso de la financiación por parte de Odebrecht para la campaña Santos Presidente.
Recordemos que el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, ha recolectado los elementos materiales probatorios que según él, considera son prueba clara de la financiación ilícita a la campaña de Santos en el 2014. Además, el testimonio de Otto Bula, principal testigo dentro de este caso.
Ahora bien, mediante la solicitud hecha ante el CNE por Portela, se le pide archivar el proceso en el entendido que no existe, según el apoderado del Presidente, prueba alguna sobre los dineros que el exsenador Bula dice que entraron a dicha campaña presidencial. Pero eso no es todo, también solicita que si en llegado caso no se acepta el archivo de la investigación y se prosiga administrativamente, se remita el caso a la Comisión de Acusaciones del Congreso, ya que es la competente para investigar en ese ámbito.
Lo interesante viene en la solicitud que hacen de enviar todo el caso a la Comisión del Congreso de la República, toda vez que el Presidente todavía cuenta con las mayorías y sería mucho más fácil que lo exoneren de cualquier sanción, además, porque los precedentes frente a las investigaciones que ha llevado la Comisión, son prácticamente nulos, es decir, su funcionamiento es inoficioso. En ese sentido, Juan Manuel saldría aganando si sólo lo investigan desde el Congreso.
Es claro, el abogado de Santos lo que busca es intentar salirse por la tangente tratando de traer a colación varias normas en donde envían la competencia administrativa en cuanto a la investigación del caso, a la Comisión, pero también se encuentra el CNE para investigar de manera sucinta las actuaciones electorales de los candidatos.
Con estas gabelas jurídicas, el Presidente busca evadir su responsabilidad de lo sucedido con la multinacional, algo que deja en vilo su conocimiento frente a las actuaciones de sus subalternos en la campaña presidencial.
Por último, es considerable que si el jefe de Estado no tuviese nada qué ocultar, acataría la ley, porque es clara, y dejaría que las investigaciones siguieran su curso frente a su responsabilidad disciplinaria y electoral.
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