Registraduría se queda sin plata para consultas y revocatorias por culpa del Gobierno

El Ministerio de Hacienda ha decidido que no le dará más plata a la Registraduría para que lleve a cabo las revocatorias y consultas.

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La Registraduría General de la Nación manifestó a través de un mensaje dirigido al municipio de Granada, Meta, que para realizar esta clase de consultas deberán ser financiadas con dineros del Municipio o del Departamento que tenga previsto llevarlas a cabo.

Esta manifestación fue hecha en relación a los comicios programados para este domingo donde los habitantes de Granada decidirían si se aprobaba o no la explotación y producción de hidrocarburos en su territorio.

El registrador delegado en lo electoral, Jaime Hernando Suarez, aclara que el Ministerio de hacienda no otorgará dineros de la nación para la consulta programada para este 22 de octubre en Granada, y que esta misma decisión aplica para todo tipo de consulta popular a realizarse en el país en adelante. De acuerdo con el Ministerio de las Finanzas “los mecanismos de participación ciudadana deben ser financiados por las Alcaldías y Gobernaciones respectivas”.

Frente a esta noticia, el alcalde de esta población, Juan Carlos Mendoza, dijo que los habitantes de Granada tienen derecho al ejercicio del voto libre y se mostró sorprendido ante el hecho que faltando ya solo cinco días para la ejecución de la consulta, la Registraduría haga este tipo de manifestaciones, inclusive cuando otros municipios ya han realizado este tipo de consultas sin tener la dificultad que hoy presenta esta entidad en su anuncio.

Uno de los líderes de la consulta popular, el concejal Fabio Alexis Montoya, invitó a que el viernes a las cinco de la tarde, se realice una jornada pacífica de protesta y que se proceda el día domingo a asistir normalmente a las urnas a ejercer el derecho al voto, en razón a que la Registraduría se debe hacer responsable de garantizar la logística necesaria para que se lleve a cabo los comicios programados.

También, el gobernador, Carlos Amaya, se mostró inconforme ante la noticia, pues señala que el Departamento no está en condiciones ni cuenta con recursos para destinar a estas consultas, además que la noticia fue otorgada con muy pocos días de anterioridad al día designado para realizarse la votación.

“Es una verdadera falta de respeto que el registrador salga a insinuar que la Gobernación debe pagar las elecciones de la revocatoria. En un momento en el que cada vez tenemos menos recursos para funcionamiento, que ahora también nos toque asumir ese costo, es descabellado”, manifestó.

Por otra parte la decisión sobre de la Registraduría afecta la consulta programada para la revocatoria del alcalde de Sogamoso, Sandro Condía, dicha votación estaba prevista para el 13 de agosto, pero tuvo que ser postergada por un fallo de tutela a favor del Alcalde. La secretaria de Participación y Democracia de la Gobernación, Mery Johana González, manifestó que ellos no tienen responsabilidad en el cambio de fecha por segunda vez del proceso de revocatoria “en lo que correspondía a nosotros como departamento y al municipio, ya se tenía todo listo, pero salieron de la dirección nacional con que no tenían los recursos y suspendían la jornada” expresó.

Aclaró, además, que el Gobernador no está facultado ni posee el presupuesto necesario para asumir las consultas, pero que además esta no es la primera revocatoria, ya que en otros municipios se ha realizado el ejercicio en las urnas sin que se pusiera trabas ni se condicionaran para poder realizarse.

La Registraduría aclara con esta decisión que su función se centra en la coordinación para la elaboración y difusión de los calendarios electorales, y en referencia a esto, el Alcalde de Granada ya había designado el día para llevarse a cabo el ejercicio popular.

Pero, además de la fijación en calendario, el registrador Suárez recuerda que, como lo ha manifestado anteriormente su entidad, los recursos para los mecanismos de participación ciudadana no son propios de la Registraduría, sino que deben ser otorgados por el Ministerio de Hacienda.

El Registrador sin embargo manifiesta al alcalde Mendoza, que una vez hecho el requerimiento al Ministerio para que se realizara la consulta en el municipio, el Director General de Presupuesto de la cartera de Hacienda, le respondió que no realizaría el giro del dinero, pues dicha financiación de consultas son responsabilidad “en razón a la territorialidad -nacional, departamental o municipal- a las respectivas gobernaciones y alcaldías”.

La Registraduría invita al Alcalde de Granada en su comunicación “para que desde su despacho suspendan, mediante decreto, la realización de las votaciones del MPC -mecanismo de participación ciudadana-, hasta tanto no se defina a quién le corresponde asumir la financiación de este, considerando que la Registraduría Nacional del Estado Civil requiere esos recursos para organizar la logística del proceso electoral”.

Los recursos que solicitó la Registraduría a la cartera de Hacienda para llevar a cabo las distintas consultas populares, superan los 2.302 millones de pesos, de los cuales 2.120 millones se destinan a la elecciones atípicas, y los restantes 182 millones serían para el comicio a realizar en Granada, Meta

Sin embargo, el director general del Presupuesto Público Nacional, Fernando Jiménez Rodríguez, a través de una misiva dirigida al gerente administrativo y financiero de la Registraduría, Carlos Alfonso Garzón, manifestó que las “solicitudes de recursos, efectuadas por la Registraduría, no tienen como objeto financiar el gasto para el desarrollo de elecciones atípicas, sino la financiación del desarrollo de mecanismos de participación ciudadana”.

Y agrega que ese Ministerio ya ha hecho pronunciamientos anteriormente -oficio número 2-2016-017943 del 17 de mayo de 2016 y oficio número 22017-0.22438 del 19 de julio del 2017-, mediante los que se pacta lo concerniente a la financiación de las elecciones atípicas, consultas populares y revisión de firmas.

De las comunicaciones referidas, en la primera enviada a la Registraduría, Jiménez Rodríguez le recuerda, en base a la normatividad existente, que si el decreto de convocatoria a un proceso electoral lo expide la Presidencia de la República, se costeará con recursos de la Nación, pero que si esa convocatoria para un comicio proviene de una entidad territorial, será responsabilidad de los alcaldes y gobernadores la consecución de los recursos para hacerla.
Las consultas de iniciativa popular y las revocatorias de mandato hasta el momento, todas se han hecho con la actuación de la Registraduría, pero con recursos destinados por el Ministerio de Hacienda.

El exregistrador delegado para lo electoral, Alfonso Portela, aclara que las consultas populares se pueden considerar un mecanismo de participación ciudadana, tal y como está establecido en las leyes 134 del 94 y 1757 del 2015.

Según su opinión, estas son consultas regulares que poseen los requisitos positivizados en la norma y por esta razón, la financiación de estas es responsabilidad del Estado, que debe ser el encargado de girar los recursos a la Registraduría Nacional para el correcto proceder y la realización de cada respectiva consulta popular.

En lo corrido del año, la registraduría ha organizado siete consultas populares y siete elecciones atípicas y se han realizado votaciones para 12 revocatorias de mandato de las cuales hasta el momento ninguna ha alcanzado el umbral mínimo exigido.

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