Se cae suspensión del alcalde de Tierralta por hechos vinculados al homicidio de una líder social

El alcalde de Tierralta, Fabio Leonardo Otero Avilez, recientemente sancionado por la Procuraduría General por supuestas omisiones en el caso de la líder social asesinada en ese municipio, María del Pilar Hurtado; vuelve a su cargo tras ganar una tutela en contra de la sanción emitida.

El mandatario fue penalizado a principios de julio con tres meses lejos de sus funciones en la alcaldía, como medida preventiva por parte de la Procuraduría. El órgano de control argumentó que dicha sanción se generaba para evitar cualquier tipo de intromisión que Otero pudiese realizar en las investigaciones para determinar si existieron irregularidades en las medidas de orden público que influyeran en el asesinato de la Líder Social.

Otero Avilez, gracias a la decisión de un juez de Montería, que determinó que la medida tomada por el Ministerio Público no tenía validez, vuelve a retomar sus funciones como alcalde del municipio de Tierralta. Es el segundo alcalde del país que tumba una suspensión provisional de la Procuraduría a través de una tutela. El primero en lograr volver a su cargo mediante esta estrategia fue el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quien fue suspendido luego de la famosa agresión que le propinó a un concejal de la ciudad y que quedó registrada en video.

La decisión de suspender la sanción estuvo a cargo de Edwin José Rodelo Tapias, juez de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, que aceptó los puntos que el alcalde Otero presentó en su tutela. En esta argumentó la vulneración de sus derechos al Buen Nombre y al Debido Proceso, puesto que la Procuraduría no tenía competencia para suspenderlo de su cargo, ya que en ningún momento se le vinculó con actos de corrupción.

Entre las conclusiones entregadas por el juez Rodelo, luego de fallar la tutela a favor del alcalde, pide levantar la suspensión de tres meses y aclara que este tipo de acciones disciplinarias sólo se podrán tomar al concluirse la investigación. Además, llama la atención unas palabras que estaría dirigidas a la Procuraduría, sobre el hecho que llevó a la suspensión del alcalde Otero. “Funcionarios judiciales son independientes de sus decisiones y no deben corresponder a presiones mediáticas ni a insinuaciones o colaboraciones”, declaró el togado.

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