La decisión proviene de la Sección Primera del Juzgado Tercero Administrativo de Bogotá, que falló una tutela mediante la cual se pedía suspender los cambios hechos a la ley de garantías (Ley 996 de 2005) por medio del proyecto de ley correspondiente al Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2022.
Ye es que la controversia generada a partir de los mencionados cambios se daba por que, por medio de la iniciativa legislativa, se levantaban las restricciones que tienen alcaldías y gobernaciones para celebrar contratos a pocos meses de las elecciones.
Los ponentes y defensores de los cambios a la ley de garantías argumentaron en su momento que, por cuenta de la pandemia, los entes territoriales no habían podido contratar de manera efectiva.
Sin embargo, el despacho bogotano aseguró que tales cambios afectan de “manera grave” la imparcialidad y la igualdad electoral. Por tal motivo, se decidió amparar de forma “transitoria los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad”.
La suspensión es temporal teniendo en cuenta que el Juzgado Tercero Administrativo de Bogotá considera que la Corte Constitucional debe hacer un pronunciamiento de fondo, determinando si los cambios a la ley de garantías son realmente necesarios para los entes territoriales.
Es necesario aclarar que la ley del PGN podrá expedirse, pero el aparte concerniente a la modificación de la ley de garantías quedará suspendido por 30 días hábiles después de su publicación. Ese sería el plazo que tendrá la Corte Constitucional para pronunciarse.
Pero además de todo se le pidió al presidente Iván Duque “abstenerse” de dejar en firme el artículo 125 de la ley del Presupuesto General de la Nación 2022.
Se dejó claro que “los alcaldes y gobernadores deberán atender de manera clara y precisa lo reglado en el parágrafo 38 de la Ley 996 de 2005, mientras la Corte Constitucional emite pronunciamiento, conforme a lo expresado en esta providencia”.
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