Senadores piden investigar dineros enviados por U.S.A que supuestamente se usaron para ‘chuzadas’

Los senadores Roy Barreras e Iván Cepeda, quienes presuntamente fueron víctimas de las recientes ‘chuzadas’ realizadas por grupos de inteligencia del Ejército, han declarado como al parecer parte de la financiación del ilegal operativo habría sido sacado del fondo de cooperación para espionaje militar que habría donado Estados Unidos para la lucha contra grupos armados y de narcotráfico.

Según declaraciones entregadas por Cepeda a la prensa, comentó como este habría mantenido una reunión junto con Barreras, la oficina del congresista norteamericano Jim McGovern y miembros del comité de Exteriores de la Cámara Baja, de mayoría demócrata, sobre las interceptaciones de las que ambos fueron víctimas y la forma en que se habría fraguado el ilícito, que indirectamente toca las relaciones entre ambos países.

Cepeda mencionó además los planes que junto con Barreras tienen previsto para llevar a cabo la denuncia a EE. UU., teniendo prevista otra reunión con el senador Patrick Leahy, quien es uno de los políticos demócratas con mayor influencia en en la política estadounidense.

“Les hemos expresado nuestra mayor preocupación por este aparato que ha surgido de espionaje en el Ejército Nacional. Hemos expresado también que en la Fiscalía General de la Nación se han hecho labores de espionaje también y que esto ha contado con recursos de EE. UU. en materia tecnológica”, afirmó el senador Cepeda.

Los senadores colombianos sembraron la duda entre los estadounidenses afirmando que las ‘chuzadas’ habrían sido facilitada con dinero de los contribuyentes que llegó al país como forma de donación. La idea sería crear interrogantes entre los parlamentarios sobre la forma en que se estaría implementando el Fondo de Cooperación de Washington.

Sumado a esto, los congresistas colombianos solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictar medidas cautelares de protección para generar presión en el Gobierno Nacional para que los derechos políticos de los políticos interceptados puedan ser respetados. “Es un asunto de violación de derechos civiles que pone en peligro la democracia y que amerita medidas cautelares”.

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