Soldados acusados de violación fueron enviados a un batallón y no una cárcel, “por seguridad”

El Tiempo reveló que, según algunas de sus fuentes, la Fiscalía General de la Nación le pidió al juez Promiscuo Penal Municipal de Pueblo Rico, Risaralda, quien lleva el caso de los 7 militares, que los enviara a un centro carcelario debido a la gravedad del delito que cometieron.

Sin embargo, el juez indicó que por ahora los hombres podrían ser “objeto de retaliaciones” si son enviados a una cárcel, es decir, correrían peligro. Además, explicó que debido a la pandemia se han impuesto restricciones para el ingreso de nuevos presos a las cárceles del país.

“El juez consideró que el traslado a una unidad militar sería transitorio, pues ante el retiro de los imputados del Ejército perderían la condición de uniformados activos, con lo que el juez de conocimiento que deberá fijar la pena de prisión tendrá que definir el sitio de reclusión al que serán enviados para cumplir su sentencia”, añadió El Tiempo.

En ese sentido, los sujetos se encuentran en el batallón Pedro Nel Ospina de Bello, Antioquia. Esta decisión de la justicia llevó a que la comunidad Embera Chamí, a la cual pertenece la niña de 12 años, diera a conocer su inconformismo.

El gobernador indígena Juan de Dios Querentama, manifestó lo siguiente: “exijo que nos los manden a nuestra Justicia y nosotros procedemos a cumplir nuestra justicia propia o, si no, le pido a la justicia ordinaria que los manden a una cárcel civil”.

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