Suspenden Gobernador de Chocó por presunta corrupción en contratos de $2 mil millones

Las irregularidades en los contratos firmados por alcaldías y gobernaciones siguen siendo denunciadas desde distintas partes del país, debido a las notables y nefastas gestiones que algunos políticos han realizado durante esta crisis, levantando las sospechas sobre cómo se estarían aprovechando los recursos que en teoría están direccionados para ayudar a las poblaciones más vulnerables están yendo a parar a bolsillos de particulares.

Uno de esos casos denunciados es la del gobernador del Chocó, Ariel Palacios, quien fue suspendido de su cargo por orden de la Procuraduría General de la Nación, la cual tomó la determinación tras estudiar varias denuncias que advierten de faltas disciplinarias que Palacios cometió a través de contratos suscritos durante todo el periodo de aislamiento preventivo que lleva el país.

Sumado a esa decisión, el ministerio público también ordenó la suspensión del contrato 0198 de 2020, firmada por la fundación “Chocó Saludable”, por más de 2 mil millones de pesos, la razón: dicho presupuesto se entregó para que la realización de campañas y charlas pedagógicas sobre los cuidados frente al Covid-19.

“La @PGN_COL suspendió al gobernador del Chocó, de manera preventiva, y solicitó suspensión del contrato 0198 de 2020 con la Fundación Chocó Saludable, por más de $2.000 millones de pesos, debido a supuestas faltas disciplinarias. #TransparenciaPorLaEmergencia”, afirmó el procurador Fernando Carrillo desde su cuenta de Twitter.

No obstante, las medidas contra el Gobernador de Chocó no son las únicas investigaciones que se están adelantando contra mandatarios locales y departamentales, puesto que al menos 14 gobernadores estarían siendo investigados actualmente por irregularidades que se estarían presentando de manera similar, todo girando en torno al Covid-19 como excusa.

Por otra parte, el procurador Carrillo afirmó que, gracias a la labor conjunta entre las autoridades para detener la malversación de dineros por parte de funcionarios públicos, se alcanzó a recuperar cerca de 17 mil millones de pesos.

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