“Un freno necesario a ‘jugadita’ de las renuncias”: El Espectador por decisión de Corte en caso Uribe

El diario El Espectador publicó un editorial a propósito de la decisión de este semana de la Corte Constitucional en el caso de Álvaro Uribe Vélez. En el texto se afirma que el fallo del alto tribunal llenó “un peligroso vacío normativo” que servía como excusa para que funcionarios investigados por la Corte Constitucional renunciaran a sus cargos con la intención de que sus casos pasaran a la justicia ordinaria, desde donde sus procesos podían ser dilatados y las posibilidades para la impunidad se hacen mayores.

En el editorial del periódico colombiano se resalta que la Corte Suprema juzga a los altos funcionarios bajo un Código de Procedimiento Penal diferente al de la justicia ordinaria, por lo que se abre la pregunta “¿la audiencia de indagatoria que se hace ante la Corte Suprema es equiparable a una imputación de cargos que debe hacer la Fiscalía en la justicia ordinaria?”.

Tal pregunta es respondida en dos tiempos. Primero, si los procesos en Corte Suprema y Fiscalía son incompatibles, todo lo adelantado por el alto tribunal se anula. Segundo, si las audiencias son tomadas como análogas, el procesado tendrá que enfrentarse a un juez con los cargos realizados por la Corte Suprema, aún cuando el caso haya pasado a manos de la Fiscalía General de la Nación.

Fue justamente esta última opción la adoptada esta semana por la Corte Constitucional y de ahí la molestia de los uribistas, quienes han calificado a las dos cortes de perseguidoras y poco éticas. Pero es que el magistrado Alejandro Linares, en un completo ejercicio de ilustración, explicó que “la Corte señaló que cuando hay un cambio de sistema procesal por renuncia del fuero procesal durante la etapa de la investigación conservará validez todo lo actuado”.

Y claro, este modelo queda como referente para futuros casos en que altos funcionarios, con la excusa de que quieren respetar su cargo y a sus electores, renuncien para que sus procesos queden en manos de la justicia ordinaria con la esperanza de que allí podrán manipular o, cuando menos, dilatar todo lo concerniente a sus casos.

“A pesar de sus protestas, el expresidente Uribe debería sentirse tranquilo. Sus derechos procesales han sido resguardados y ya la Fiscalía pidió la preclusión del caso.”, expone El Espectador.

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