Uribismo “quiere comprar con contratos los votos que perdieron en 4 años de mal gobierno”: Inti

Ha sido motivo de debate la propuesta de modificar la Ley de Garantías para que funcionarios públicos tengan la posibilidad de contratar en el período electoral de 2022.

Originalmente, la norma establece que “a partir de la publicación de la ley, suspéndase el inciso primero del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 y, en consecuencia, las entidades del orden nacional y territorial podrán celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos”.

Con el argumento de estimular la reactivación económica, podría ser levantada la prohibición que tienen gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de entidades para celebrar convenios cuatro meses antes de los comicios.

Un caso de “uribismo contra uribismo” es lo que ha dicho que ocurre el congresista Inti Asprilla. Este particular concepto surge del hecho de que, en 2015, cuando Duque, era congresista, se opuso a la propuesta de Juan Manuel Santos de eliminar la Ley de Garantías.

“Hay que buscar que la Ley de Garantías se mantenga porque da ejemplos en la contratación estatal y evita que el partido de gobierno perpetúe sus instancias de poder con los candidatos de sus afectos”, dijo el entonces legislador.

Sin embargo, esta semana dijo que, como ya no hay reelección en Colombia, el panorama ha cambiado, por lo cual su propuesta no debe ser tomada como una contradicción.

En 2015, el expresidente Álvaro Uribe también se opuso a la eliminación de la Ley: “Esas son las trampas de los malos perdedores para asegurar victorias tramposas”.

Asprilla apunta que, por medio de contratos, el uribismo quiere dejar solucionado lo que no pudo hacer durante la presidencia de Iván Duque, a la que se le agotan los días.

La representante Katherine Miranda también arremetió contra la propuesta de eliminar la ley. “Y nos quieren meter el mico de que se necesita eliminar la Ley de Garantías para que se reactive la economía, cuando lo que estamos viendo es que acá no se está ejecutando la plata”, dijo y señaló que los ciudadanos se cansaron del uribismo, lo que tendría desesperado al Gobierno Nacional.

Como vocero del Centro Democrático, el senador Ciro Ramírez explicó que “la Ley de Garantías no se eliminará, sino que se ajustará para garantizar que no se frene el desarrollo de las regiones. De otra manera, estas administraciones tendrían que tener los convenios interadministrativos antes del 13 de noviembre y después solo se podría con el siguiente gobierno porque la Ley de Garantías se acabaría en junio y el presidente se va en agosto”.

Lo que algunos parecen ignorar es que la Ley e Garantías tiene jerarquía estatutaria, por lo que no basta la aprobación del Congreso para eliminarla o ajustarla. Es la Corte Constitucional el tribunal que, en última instancia, definirá lo que ocurra con la ley, tal como lo explicó José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional.

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